Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 170307
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: I.3o.C. J/47
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964
Tipo: Jurisprudencia
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.
Registro digital: 173565
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: I.6o.C. J/52
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXV, Enero de 2007, página 2127
Tipo: Jurisprudencia
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y
CUANDO ES INDEBIDA.
Debe distinguirse entre la falta y la indebida
fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la
ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las
circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para
su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso
concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la
resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o
bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de
autoridad y las normas aplicables a éste.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario:
Abraham Mejía Arroyo.
Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez.
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.
Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez.
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.
Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13
de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez.
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.
Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19
de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz
Carmona.
Época: Novena Época
Registro: 187531
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, Marzo de 2002
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.6o.A.33 A
Página: 1350
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero Osio. Secretaria: Patricia Maya Padilla.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 160327
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 174/2011 (9a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 835
Tipo: Jurisprudencia
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Conforme a los criterios sustentados por este Alto Tribunal, la falta, indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad que emite un acto administrativo, incide directamente en su validez, toda vez que esas deficiencias impiden que el juzgador pueda pronunciarse respecto a los efectos o consecuencias jurídicas que dicho acto pudiera tener sobre el particular, obligándolo a declarar la nulidad del acto o resolución en su integridad, por lo que la nulidad decretada en esos casos constituye un supuesto en el cual la violación formal cometida no resulta, por regla general, subsanable. Ahora bien, el párrafo segundo, inciso d), del artículo 51 citado, en relación con sus fracciones II y III, dispone que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada los vicios consistentes en irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados. Sin embargo, debe entenderse que estos supuestos son inaplicables tratándose de la omisión, indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, pues ello constituye un vicio que no es análogo a los referidos supuestos legales, además de que tal disposición no puede interpretarse extensivamente porque atentaría contra el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta interpretación se confirma con lo establecido en la fracción I del propio artículo 51 que establece como causa de ilegalidad de una resolución administrativa la incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado, o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, interpretado armónicamente con el contenido del antepenúltimo párrafo del precepto legal en cuestión, que establece que el Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Así, al haberse establecido por separado dicha causa de ilegalidad, no puede analizarse a la luz de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo, inciso d), del referido precepto legal, los cuales constituyen requisitos formales exigidos por las leyes, diversos a la fundamentación de la competencia.
Contradicción de tesis 262/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 31 de agosto de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Alfonso Herrera García.
Tesis de jurisprudencia 2a./J. 174/2011 (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once.
Registro digital: 172812
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materia(s): Administrativa
Tesis:VIII.3o. J/22
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tipo: Tesis de Jurisprudencia
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AL SER UN
PRESUPUESTO PROCESAL CUYO ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO LAS SALAS DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, SIN
DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA INDEBIDA, INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE
FUNDAMENTACIÓN DE AQUÉLLA.
De la interpretación de las tesis jurisprudenciales P./J.
10/94, 2a./J. 99/2006, 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, publicadas en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 77, mayo
de 1994, página 12 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomos XXIV, julio de 2006; XIV, noviembre de 2001; y, XXII, septiembre
de 2005, páginas 345, 31 y 310, respectivamente, de rubros: "COMPETENCIA.
SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.";
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE
ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA."; "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON
PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU
CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO."; y "COMPETENCIA DE
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA
ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."; se colige que cuando se analiza
la competencia material, por grado o territorio de cualquier autoridad
administrativa, entre las que se incluye a la fiscal, no cabe distinguir entre
su falta o ausencia o una indebida o incompleta fundamentación, para que las
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén obligadas
a examinarla en forma oficiosa, toda vez que, como presupuesto procesal que
atañe a la correcta integración de un procedimiento, es una cuestión de orden
público, mayor aún en un procedimiento que concluye con una resolución
definitiva que establece cargas fiscales a un particular. Lo anterior es así,
ya que por imperativo del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la autoridad que lleva a cabo un acto de molestia,
tiene la ineludible obligación de justificar a plenitud que está facultada para
hacerlo, lo cual implica necesariamente que cuenta con competencia para ello en
los tres ámbitos mencionados, es decir, por razón de materia, grado o
territorio, expresando en el documento respectivo el carácter con el que
suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación,
aun en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o
fracciones, inciso y subincisos, pues en tal caso, debe llegar incluso al
extremo de hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde
debidamente su competencia, toda vez que la garantía de fundamentación
consagrada en el citado artículo 16, lleva implícita la idea de exactitud y
precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, ya que sólo así
podrá justificar si su actuación se encuentra dentro del ámbito competencial
respectivo; de tal manera que si en un acto de molestia no se citan con
exactitud y precisión las normas legales que facultan a la autoridad
administrativa para afectar al gobernado, ese acto concreto de autoridad carece
de eficacia y validez, en tanto que aquélla no proporcionó los elementos
esenciales que permitan conocer si tiene competencia para incursionar en la
esfera jurídica del particular, pues de lo contrario se le dejaría en estado de
indefensión, toda vez que ignoraría cuál de todas las normas legales que
integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del
órgano del que emana y en ese sentido, aun cuando la indebida, insuficiente o
falta de fundamentación de la competencia de la autoridad generan la ilegalidad
de la resolución administrativa en términos de la fracción II del artículo 238
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005,
cuyo contenido sustancial se reproduce en la fracción II del artículo 51 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa a la omisión
de los requisitos formales exigidos por las leyes; conforme al contenido y
alcance del penúltimo párrafo de ese numeral, coincidente con el penúltimo
párrafo del invocado artículo 51, las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa están obligadas a examinarla de oficio, al resultar
ilegal el acto combatido, precisamente por la actuación o intervención de una
autoridad que no acreditó tener competencia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Revisión fiscal 23/2007. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila. 13 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretaria: Lilián González Martínez.
Revisión fiscal 474/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Miguel Lobato Martínez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez.
Revisión fiscal 478/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Miguel Lobato Martínez. Secretario: José Enrique Guerrero Torres.
Revisión fiscal 483/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí Cázares.
Revisión fiscal 489/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Miguel Lobato Martínez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez.
Notas:
Esta tesis contendió en la contradicción 148/2007-SS
resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 218/2007, que
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 154, con el rubro:
"COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
Esta tesis contendió en la contradicción 134/2007-SS que fue
declarada sin materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J.
218/2007.
Registro digital:
163501
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materia(s): Administrativa
Tesis:III.3o.A.77 A
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tipo: Tesis Aislada
COMPETENCIA MATERIAL DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA
PRACTICAR UNA VISITA DOMICILIARIA. SU ESTUDIO OFICIOSO PUEDE HACERSE EN LA
SENTENCIA QUE SE DICTE EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE REVISIÓN FISCAL, SI
EN LA PRIMERA DETERMINACIÓN LA SALA FISCAL NO RECONOCIÓ TÁCITAMENTE AQUÉLLA Y
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONFIRMÓ LA RELATIVA A LA EMISIÓN DE LA ORDEN
RESPECTIVA Y AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
En las jurisprudencias 2a./J. 218/2007 y 2a./J. 219/2007,
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXVI, diciembre de 2007, páginas 154 y 151, respectivamente, con los
rubros: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD
DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. " y
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO
PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", se
interpretó la facultad de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para estudiar, aun de oficio, la competencia de la autoridad
demandada en el juicio contencioso administrativo, en el sentido de que si no
existe pronunciamiento expreso sobre el particular se entiende que dicho órgano
jurisdiccional consideró que es competente. En estas condiciones, si en una
primera sentencia que fue materia de revisión fiscal, el referido tribunal se
pronunció expresamente respecto de la competencia material de la autoridad para
ordenar una visita domiciliaria y dictar la resolución correspondiente, por lo
que declaró la nulidad de ambas determinaciones, sin estudiar el fondo del
asunto y, por ende, no reconoció tácitamente la indicada competencia de la
demandada y menos aún la de quienes llevaron a cabo el procedimiento de
fiscalización, en la sentencia que emita en cumplimiento a la ejecutoria
dictada en aquel recurso, tiene facultades para analizar oficiosamente la
competencia de los funcionarios designados por el emisor de la señalada orden,
obviamente prescindiendo del argumento que se estimó incorrecto, máxime si el
Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la competencia de la emisora de los
actos impugnados. Dicho en otras palabras, la Sala Fiscal, al poner en duda la
competencia material de la autoridad que dictó la orden controvertida, no podía
válidamente estudiar la de los visitadores, de modo tal que si ahora ya no
existe duda sobre ello, porque sí la tiene, resulta lógico que proceda el
estudio relativo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.
Revisión fiscal 356/2009. Secretario de Hacienda y Crédito
Público. 15 de abril de 2010. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Elías H.
Banda Aguilar. Encargado del engrose: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Gabriela
Hernández Anaya.
Materia: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Clave: IX-P-2aS-403
Rubro: EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO ES APLICADO COMO PARTE DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO CONCRETO IMPUGNADO.-
Esta Sección ha sostenido que un acto de carácter general se puede cuestionar en el juicio contencioso administrativo federal que se sigue ante este Tribunal, en dos formas: a) como acto destacado y b) como parte de la fundamentación y motivación del acto concreto de aplicación. Así, en esta segunda hipótesis se busca demostrar la ilegalidad de la resolución en que fue aplicado, controvirtiendo sus fundamentos jurídicos, empero la pretensión del accionante no es la insubsistencia jurídica del fundamento cuestionado, sino únicamente de su acto de aplicación; luego entonces, de ser fundados los argumentos correspondientes, su único efecto será la declaratoria de ilegalidad del acto o resolución de carácter general, pero no su nulidad; sin embargo, la ilegalidad en comento sí deberá verse reflejada respecto del acto de aplicación, lo que provocará a su vez la ilegalidad de este último y consecuentemente su nulidad, por encontrarse indebidamente fundado y motivado en una actuación contraria a derecho.
PRECEDENTES:
VII-P-2aS-713
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3326/13-17-05-4/1569/13-S2-07-03.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 18 de septiembre de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente:
Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de octubre de 2014)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 44. Marzo 2015. p. 514
Materia: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VII-P-2aS-714
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3325/13-17-11-5/1243/14-S2-06-03.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 6 de noviembre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente:
Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
Materia: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Clave: IX-P-SS-394
Rubro: ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL. EFECTOS DE SU ILEGALIDAD
CUANDO SE IMPUGNA COMO PARTE DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO
DE APLICACIÓN.-
Conforme a lo dispuesto por los artículos 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, así como 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, el juicio contencioso administrativo procede en contra de normas
administrativas generales, sean autoaplicativas o en unión al primer acto de aplicación.
Entonces, un acto de esa naturaleza puede ser controvertido de forma destacada, o bien, como
parte de la fundamentación y motivación de la resolución en que se aplicó; sin embargo, los
efectos de su ilegalidad dependerán de la manera en que se controvirtió, esto es, si un particular
decide impugnar destacadamente un acto administrativo de carácter general, su ilegalidad
deberá verse reflejada con la nulidad expresa de esa norma y del acto de aplicación; en cambio,
cuando sólo se combate como parte de la fundamentación y motivación de la resolución
particular que le afecta, de asistirle la razón, sólo podrá anularse el acto en que se aplicó, pues
se estaría en presencia de una resolución fundada en una actuación contraria a derecho.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 31363/21-17-14-1/1594/22-PL-10-04.- Resuelto por el
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión
de 31 enero de 2024, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena
Adame.- Secretario: Lic. Heber Aram García Piña.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de junio de 2024)
R.T.F.J.A. Novena Época. Año III. No. 33. Septiembre 2024. p. 70
